Simulacro de fusilamiento: El aterrador caso que definió los días de Estado de Emergencia en Temuco

Esa noche iban a una celebración. Había Estado de Emergencia en Temuco, pero no toque de queda: los militares estaban en las calles, dispersando con los fusiles a cuestas a quienes se manifestaban con cacerolas. Cristian Cerna y Ricardo Godoy esperaban al hermano del primero en la esquina de Andes con San Martín. Eran más o menos las 22:30 del 22 de octubre cuando llegó lo que para Cristian fue un “convoy militar”: un jeep, un camión y una camioneta del Ejército.

Ninguno de los dos creyó estar haciendo nada malo. Por eso fue que se quedaron ahí, de pie, quietos. Eso, hasta que los uniformados “se bajaron de forma muy agresiva, tirándonos al piso y colocándonos amarras plásticas, aplastándonos la cabeza (con) sus pies y enterrándonos su armamento en la espalda”, relató Ricardo en una querella. Contó que le patearon las costillas y el abdomen, y que en la espalda el golpe fue con la punta del fusil.

Los subieron al jeep. Les dijeron que los llevarían a la comisaría, pero no les dijeron el por qué.

Federico Aguirre, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía, explica que la orden de los militares en esos días fue la de detener a los manifestantes de ser necesario, pero para poner a los detenidos a disposición de Carabineros o de un tribunal de justicia.

Lo que pudo ver Cristian arriba del jeep, después de haberlos “parado de golpe”, fue el camino que los llevó atrás del cementerio comunal.

“Nosotros les tratábamos de hacer presente que el problema no era con ellos, también que nosotros no éramos el problema, sino que el problema estaba con el gobierno, a lo cual ellos no señalaban que tampoco querían estar así”, recordó Cerna.

Godoy, en tanto, recreó parte del diálogo: “En forma agresiva, nos hacían guardar silencio y entre ellos hablaban de llevarnos al cuartel y a una cama de electricidad o una cosa así, para ver cuánto aguantábamos”.

“Nos iban a llevar a una cama elástica, no sé qué era, pero creo que para torturarnos. Recuerdo que los militares que estaban atrás se comunicaban con los de adelante, conversando respecto a lo que iban a hacer con nosotros, yo creo que eran todos del mismo rango, por cómo se comunicaban. No andaban con sus identificaciones y como era de noche, tampoco les pude ver las caras. No recuerdo haber escuchado sus nombres no vi tampoco ningún apodo”, agregó Cerna en la querella.

Lo que ocurrió esa noche lo han relatado en profundidad solo una vez y acompañados por un sicólogo. Revivirlo podría revictimizarlos. El mismo INDH pidió que se tuviera “por reproducida” la declaración hecha ante el Ministerio Público. Sebastián Saavedra, abogado de Cidsur y querellante en del caso, cuenta que ni Godoy ni Cerna accedieron fácilmente a entrar a las oficinas de la Policía de Investigaciones (PDI, quienes llevan las pericias) por “una sensación y resquemor hacia las autoridades militares y policiales. Prefirieron que únicamente se basara todo en las declaraciones en la fiscalía, lo que da cuenta del daño”.

El abogado agrega que el mismo relato es opaco: era de noche, algunos de los militares estaban encapuchados y les ordenaron no mirarles las caras. Lo que para él muestra que ese actuar “fue premeditado, (junto con que) no tenían ningún tipo de nombre en sus uniformes”.

Llegaron hasta calle Carrera, en los alrededores del cerro Mariposa. Había un muro, una suerte de paredón. Allí fue cuando “nos señalaron que apoyáramos la cabeza contra el muro, mirando en dirección al cementerio”, contó Godoy.

Cerna comenzó a sentir cómo se le adormecían las manos por el plástico con el que le tenían amarradas las muñecas en su espalda. Uno de los militares cortó la amarra con un cuchillo y le puso otras.

“Ya, por cuál vamos a empezar”, le dijeron.

Los militares estaban a dos o tres metros aproximadamente. “Ahí nos proceden a cortar las amarras y nos señalaban que no miráramos hacia atrás y que pidiéramos disculpas al país por haber estado protestando, para lo cual dijeron que teníamos que gritarlo, en un momento Ricardo miró hacia atrás y vino un militar y le pegó con la punta del fusil en sus costillas”, relató Cristian Cerna. Y sobre lo que hicieron luego, esto escuchó:

“Después de eso, cargaron sus armas, nosotros nos pusimos harto más nerviosos, recuerdo que ellos se formaron uno al lado del otro, como en posición de fusilamiento y ahí nos señalaban que no miráramos hacia atrás,tras esto, (se) acerca un militar, el cual yo creo que era el jefe porque le daba órdenes a los otros, me agarra de la espalda y me tira un bolsito con el que andaba al ripio, y me dice que nos devolviéramos por el mismo lugar por donde nos habían traído y que si nos devolvíamos nos iban a disparar y nos iban a matar, tras esto me dieron una patadas en los glúteos y me dice que corriera, a Ricardo le dijeron lo mismo”.

Godoy calculó el tiempo del procedimiento:

“Era como un procedimiento de fusilamiento, los militares se formaron detrás de nosotros, estuvimos como dos minutos en esa posición (arrodillados, con la cabeza apoyada en el paredón), mientras que escuché que los militares cargaban sus armas y nos señalaban que si nos había gustado, en referencia de haber estado haciendo destrozos. Luego agarran a Cristian, señalando que con él iban a empezar”, detalló.

De rodillas, con la cabeza pegada en el muro, las manos sin las amarras, escuchando cómo cargaban los fusiles.

“Cuando nos encontramos en el muro del cementerio, pensé que nos iban a matar, que nos iban a disparar, dado que andaban (los militares) con unas palas y pensé que nos podían haber enterrado ahí mismo”, concluyó Ricardo Godoy.

Lo siguiente fue correr, un abrazo, el llanto y el regreso a casa.

A cuatro meses de la noche

El INDH regional lleva 145 querellas criminales en las que se les imputa responsabilidad a funcionarios del Estado por violaciones a los derechos humanos. De ese total, solo dos son preferidas a militares: uno tiene relación con un conserje de la zona, y el otro es el caso de Godoy y Cerna. “El tono de amenaza hacia ellos (las víctimas) nos evoca la época más dura de violaciones a los derechos humanos, que es la dictadura”, cuenta el director de La Araucanía, Federico Aguirre.

Es la PDI quien lleva las pericias. El fiscal a cargo, Roberto Garrido, no pudo ser contactado para actualizar el estado actual de las investigaciones. No obstante, Saavedra detalla: “La causa no ha avanzado mucho. Todavía está con la orden de investigar. Me pidieron registros audiovisuales de lo que había ocurrido, porque una vecina de ellos gravó cuando estaba ocurriendo (la detención)”.

El Servicio Médico Legal (SML) pesquisó los daños físicos. Hay, además, un informe sicológico que reveló síntomas de torturas. Lo que hoy debería estar recopilando la PDI son los videos que dieron cuenta del trayecto de los vehículos: “Pasaron por varios lugares donde hay cámaras; allí tenemos la esperanza de que esos registros ayuden a poder identificar los vehículos y a partir de ahí, identificar a los funcionarios que participaron de los hechos”, cuenta el abogado.

El orden de los sucesos logra en Saavedra una hipótesis: “Es poco probable que se les haya ocurrido durante la noche (lo de llevarlos a un sitio eriazo, arrodillarlos y cargar los fusiles): es muy probable que este tipo de entrenamiento o acciones las hayan realizado en oportunidades anteriores y por lo mismo es tan peligroso: ante un atisbo de posibilidad de vulneración masiva y sistemática de los derechos humanos, no hay control preciso de lo que está pasando dentro de las unidades militares”, teoriza.

Desde el Ejército señalaron que no se pronunciarían sobre el caso “debido a que la investigación judicial está a cargo del Ministerio Público, siendo dicha institución la encargada de determinar la entrega de antecedentes relacionados a la investigación”. Respecto al general de brigada, Patricio Mericq Guilá, quien se desempeñó como jefe de defensa nacional para las comunas de Temuco y Padre Las Casas en esa fecha, la institución informó que “no ha sido citado a prestar declaración en calidad de testigo como se menciona en la querella, y actualmente, cumple funciones como comandante de la División de Doctrina”.

Fuente : El Desconcierto