Defensoría Jurídica entrega informe de DDHH y proyecta su continuidad en el tiempo

La Defensoría Jurídica –integrada por estudiantes, académicos y académicas, egresados y egresadas de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, junto a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la Corporación Londres 38, la Corporación 4 de agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos- dio a conocer hoy jueves 30 de enero un informe sobre su trabajo de asistencia jurídica, monitoreo y observación de los derechos humanos durante el estallido social. El documento, que reúne información correspondiente al período del 18 de octubre al 30 de noviembre, busca contribuir a la misión de observación en terreno que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra de visita en nuestro país.

El trabajo presenta información recabada por estudiantes, académicos y académicas de la Facultad de Derecho de la U. de Chile en comisarías, lugares de detención y centros de salud. Esta labor fue sistematizada por el Centro de Derechos Humanos tanto para servir como insumo a otros defensores y defensoras del país, como para reportar a la población en general.

En la instancia el Decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, destacó la labor llevada a cabo por la Defensoría Jurídica, planteando que “si simplemente nos concentráramos en las violaciones que son más fáciles de perseguir, o las que realiza una persona aislada o un particular, y dejáramos que el Estado, por el hecho de reconocer que tiene el monopolio exclusivo de la fuerza, puede hacer lo que quiere, entonces validaríamos la tesis –equivocada a mi juicio- que para lograr la justicia es permisible cualquier tipo de violencia. Esa idea creo que es equivocada. La violencia y la fuerza que puede ejercer el Estado tiene que ser estrictamente limitada y respetar los derechos humanos de las personas”.

El Decano Ruiz-Tagle  anunció además que el trabajo de la Defensoría, con colaboración de la Rectoría, continuará realizándose con apoyo de los canales institucionales de la Facultad.

En la ceremonia, el Rector Ennio Vivaldi relevó el compromiso demostrado por todas y todos quienes integran la Defensoría. “¿Qué hace que en la U. de Chile se viva esta atmosfera?, que se sienta depositaria de un legado que hace natural que aquí haya surgido la Defensoría Jurídica. Este es un tema que tenemos que reflexionar porque naturalmente es la Universidad de Chile la que asume estas responsabilidades. Aquí hay un compromiso con el futuro inmediato de Chile, y hay una responsabilidad con el momento que vivimos como país”.

Violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de DD.HH.

En el período que se informa se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile. Se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de derechos humanos en el país”, relata en una de sus primeras páginas el informe realizado por el organismo.

La profesora Nancy Yáñez, Directora del Centro de Derechos Humanos (CDH), describió el contenido del informe, exponiendo el análisis y caracterización de la violencia, refiriendo la tipología de las denuncias recibidas, derechos vulnerados y cifras asociadas según género, hora y lugar, rango etario, agente del estado involucrado. 

“En el período que se informa se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile. Se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de derechos humanos en el país”, relata en una de sus primeras páginas el informe realizado por la Defensoría.

Se han observado “hechos de extrema gravedad, que no solo implican agresiones graves a la integridad física y psíquica de las personas producto del uso abusivo de la fuerza por parte de los organismos policiales en nuestro país, sino también la pérdida de vidas humanas. El patrón de comportamiento ha sido una constante y estos antecedentes nos permiten dar cuenta de una conducta de parte de agentes del Estado relevante a efectos de determinar la responsabilidad que las autoridades políticas puedan tener respecto a estos hechos”, dijo la profesora Yáñez.

Posteriormente, Camila Troncoso, representante de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), describió las situaciones de violencia política sexual observadas y denunciadas durante el período del informe, que configura una afectación a la integridad física y moral, precisando que esta práctica del Estado a través de sus agentes tiene como finalidad destruir la dignidad de las mujeres en los ámbitos cultural, social e individual y, como consecuencia de ello, constituía tortura. Añadió que estas prácticas también se ejercen contra disidencias sexuales, hombres, niños, niñas y adolescentes, además de amedrentamiento hacia voluntarios y voluntarias de la Defensoría por parte de las policías, impidiendo el acceso a los registros de las detenciones o a la posibilidad de constatar sus situaciones en los lugares de detención.

Conclusiones, recomendaciones y medidas

Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) y vocero estudiantil al interior de la Defensoría Jurídica detalló parte de las conclusiones, recomendaciones y medidas propuestas para el Estado chileno contenidas en el informe. “Se concluye la vulneración grave, generalizada y sistemática de derechos humanos por acción de agentes del Estado, manifestada en prácticas estatales violatorias de los derechos efectuadas con el objetivo a desincentivar y reprimir los derechos a la protesta social, atentados a la vida e integridad física, homicidios imputables a agentes del Estado, mutilaciones, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias acompañadas de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, violencia sexual y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la Defensoría Jurídica ha constatado un uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas de orden y seguridad pública”, relató.

Como recomendaciones inmediatas, se incluye también el cese de la represión y de la utilización de la Ley de Seguridad al Interior del Estado; garantizar el derecho a reunión de las personas; y un compromiso de salvaguardar los derechos de estudiantes y grupos vulnerables que se han visto seriamente afectados. Adicionalmente, se propone asegurar la independencia de los medios de comunicación para que puedan cumplir con la labor –fundamental- de documentar los hechos ocurridos; prohibir toda acción represiva o que impida la labor de defensa de los derechos humanos; y la adopción de informar de manera oportuna y poner a disposición la información relativa a denuncias, detenciones y tipos de lesiones en el contexto de las detenciones para realizar la labor de observación de derechos humanos.

Finalmente, en el documento se proponen otras medidas en el marco del compromiso con los derechos humanos que puede adoptar el Estado chileno, como la creación de una Comisión de Verdad y Justicia, comprometiendo así la investigación y sanción de los agentes del Estado responsables de vulneraciones de DD.HH. y garantizar un compromiso contra la impunidad, junto a la creación de un Plan Integral de Reparación en diversas áreas como salud, educación, materias laborales, entre otras, y la adopción de medidas de no repetición entre las que se proponen reformas a Carabineros y al Ejército; la aplicación de estándares internacionales en procedimientos policiales y capacitación para agentes del Estado en materia de derechos humanos; y una reforma de la justicia militar.

Comunicaciones Facultad de Derecho – Muriel Solano – Prensa U. de Chile